Es sabido que la inflación erosiona el poder adquisitivo de toda la población, en especial de los sectores más desfavorecidos, y más aún cuando afecta a la canasta alimentaria.
“Es un daño para la mesa de los argentinos y el Gobierno evalúa una solución, no porque le interese políticamente, sino porque es su deber modificar la vida de la gente”, alertó la vocera Gabriela Cerutti, durante una conferencia de prensa que dio en la Casa Rosada.
Sucede que el gobierno argentino no puede domar este fenómeno, que en enero fue de 3,9% y que acumuló un 50,9% de aumento en 2021.
A pesar del plan de Precios Cuidados y otras medidas, trascendió en los últimos días que están estudiando la posibilidad de crear una empresa estatal de alimentos, con miras a garantizar precios bajos y ayudar a los pequeños productores de verduras frescas.
“Una empresa nacional de alimentos, directamente asociada con los productores, permitirá impulsar el rol activo del Estado, en cuanto a la planificación, regulación, control, producción, análisis de costos y comercialización de los alimentos, en un mercado que hoy está fuertemente concentrado y en manos de grandes corporaciones”, dijo Rafael Klejzer, director nacional de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social, a Radio 10.
Según Klejzer, “de esta forma, será posible generar un precio de referencia en los productos de consumo masivo y ponerle freno a la avaricia de las empresas que entienden al alimento como una mercancía y no como un derecho social”.
No se sabe si este proyecto prosperará o quedará apenas como una declaración y, en caso de que se implemente, qué perfil tendrá la Empresa Nacional del Alimentos.
¿Será una productora o sencillamente se circunscribirá a un fondo para intervenir en la compra anticipada de determinada cantidad de productos estacionales, de forma de regular los precios, tal como sugirieron fuentes cercanas a Roberto Feletti?
Aún no se sabe el rol de este organismo, ni qué funciones cumplirá.
“Esos proyectos son una intervención más para el sector, no lo vemos con buenos ojos, no tuvieron éxito en la historia, y sólo sirven para complicarle la vida a los productores”, afirmó Esteban Magnasco, importante productor de quesos.
Como antecedente en materia de regulación, en 2008 el líder venezolano Hugo Chávez creó PDVAL (Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos), con el propósito de controlar los precios del mercado.
Sin embargo, la propuesta terminó salpicada por sobrefacturaciones, ineficiencia y corrupción, al punto de que se encontraron casi 120.000 toneladas de alimentos importados vencidos, con funcionarios detenidos, algunos de los cuales luego volvieron a sus cargos.
Más atrás en el tiempo, la Unión Soviética se abocó a la centralización y control de la producción, por medio de empresas estatales dirigidas mediante planes quinquenales, que establecían metas para todas y cada una de las actividades productivas.
Pero finalmente terminaron siendo un fracaso, ya que brindaban productos de baja calidad a elevados costos, y además había desabastecimiento constante.
El principal problema que tienen las empresas del Estado es que un bien de todos es un bien de nadie y, por lo tanto, nadie es culpable de que la misma quiebre o le vaya mal.
Distinto es el cado de las cooperativas, algunas de las cuales son muy exitosas.
Otro de los problemas que incide en los elevados costos de los alimentos, pero que el gobierno obvió, es la logística: los costos del transporte en la Argentina son realmente elevados, pero eso toca intereses sindicales, un frente de batalla que el seguramente el gobierno no quiere abrir.
Conversamos con Juan Airoldes, empresario y titular de la UIFRA (Unión de Fideeros de la República Argentina), quien, más allá de la potencial regulación de precios, dio su opinión al respecto.
“Si realmente es la idea, nosotros no le podemos impedir a nadie que intente emprender en el sector de los alimentos. Es más, de esa forma probablemente se puedan comprobar las dificultades que conlleva este negocio”, asegura Airoldes.
El empresario completa su visión del proyecto: “Dudo que se pueda trabajar mejor de lo que lo hace actualmente el sector privado (en relación a la productividad y los precios), siempre y cuando hablamos de actividades no subsidiadas, claro está, porque en iguales condiciones, pagando la misma cantidad de impuestos y demás costos, no veo que vaya a haber una mayor eficiencia”.
Por su parte, Leandro Bel, titular de Asuntos Públicos de Nestlé Argentina, afirmó que “todavía no tenemos una opinión formada porque es una noticia muy reciente, pero a nosotros no nos complica que haya una empresa nacional de alimentos; de hecho, puede haberla siempre que se respete el marco de la libre competencia”.
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